Hemos sido golpeados fuertemente por las noticias en estos últimos días: niños recién nacidos abandonados por sus padres hasta morir, sicarios que disparan desde una motocicleta a un comerciante, personas que son incineradas en su propio vehículo. El día de mañana los diarios y, aún más, la televisión, nos mostrarán escenas horrorosas de personas victimadas por la delincuencia.
¿Hemos perdido esos límites mínimos de moral que impiden asesinar, torturar, herir, amenazar a otros?
La reflexión suele caer en un punto muerto entre quienes consideran que es necesaria una penalización más fuerte de tales actos, un real “castigo” y, otros que argumentan que es la descomposición social y, sobre todo la extrema pobreza, la que han permitido que estos actos viles de produzcan. Para éstos la solución es el cambio social. Y, ¿hasta tanto?
No podemos llegar al reduccionismo pero sí debemos reflexionar sobre los elementos que han llevado a que esta situación se vuelva real y salte de las pantallas a la vida cotidiana.
Se manifiesta que la administración de justicia tiene, en gran parte, una responsabilidad. Que no está cumpliendo con las expectativas ciudadanas. Por ello, la justicia indígena, se argumenta, es más directa y rápida.
En su libro “La quinta mujer”, el escritor sueco Henning Mankell se refiere circunstancialmente a la formación de brigadas populares de protección de la ciudadanía contra el crimen. El efecto inmediato es una movilización general contra estas organizaciones que se encuentran fuera de la ley y que, sobre todo, desprecian los derechos humanos de los supuestos criminales, llevando a la ciudadanía a sujetarse a su poder aún para los casos de la venganza más primitiva.
Estamos en medio de estos dos polos: actualmente los jueces penales se llaman “de garantías” y existe una sensación de que este término se refiere a las garantías de los delincuentes, y no a las del debido proceso.
No queremos que el Ecuador siga el camino de la violencia, que llega a ensangrentar a chorros a Ciudad Juárez.
La sociedad entera requiere reflexionar dejando a un lado conceptos preestablecidos. Uno de los puntos a considerar deberá ser, necesariamente, si el Ecuador puede pacificarse con dos sistemas de justicia, la “ordinaria” –ya peyorativamente llamada así- y la indígena, actuando independientemente.
Urge esta reflexión: el Ministerio de Justicia, las facultades de Derecho, los colegios de Abogados, los jueces y fiscales, los abogados, la ciudadanía, deben comprometerse a llevarla adelante.
Publicado el 10 de noviembre de 2010
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